lunes, 10 de marzo de 2014

Senado aprueba proyecto para liberar a reos de 60 años o más

Los confinados mayores de 60 años que cumplan ciertas condiciones podrían abandonar la prisión antes de extinguir sus sentencias si se convierte en ley un proyecto que este lunes fue aprobado por unanimidad en el Senado.
El Proyecto del Senado 487, de la autoría del senador popular Miguel Pereira y el novoprogresista Carmelo Ríos, busca según sus propulsores, recortar los gastos del Gobierno en el sistema penal, reducir los problemas de hacinamiento carcelario e impulsar una nueva política salubrista entre la población geriátrica confinada.
"Mientras aumenta la edad de estos convictos, los estudios demuestran que disminuye su peligrosidad, po
r lo que permitírsele cumplir el restante de su deuda con la sociedad fuera de una institución carcelaria mediante el beneficio de libertad bajo palabra no representaría un alto riesgo a la seguridad de la comunidad", resaltó Pereira, presidente de la Comisión senatorial de lo Jurídico, Seguridad y Veteranos, al leer el informe que recomendó la aprobación de la medida.
"Así se cumpliría un propósito dual: permitir al confinado ser parte de su núcleo familiar durante los últimos años de su vida y redirigir los recursos de manera más efectiva para atender los problemas de los ciudadanos", agregó el senador popular por el Distrito de Guayama.
El proyecto de ley añadiría un subinciso al Artículo 3 de la "Ley de la Junta de Libertad Bajo Palabra" para establecer las condiciones que deben cumplir los potenciales beneficiarios, y establecer ciertos límites a la nueva normativa.
La propuesta beneficiaría a los reos de entre 60 y 64 años de edad que hayan cumplido, al menos, 10 años de su sentencia, y a aquellos de 65 años o más que hayan extinguido un mínimo de cinco años de su pena.
No serán elegibles los confinados que cumplan condenas por los delitos de asesinato, secuestro de menores, agresión sexual, incesto, genocidio o crímenes de lesa humanidad, distribución de sustancias controladas a menores de 18 años, utilización de un menor para pornografía infantil, o una persona que sea un reincidente en la modalidad agravada, según dispone el Código Penal.
También tiene que haber demostrado buena conducta en la cárcel “por un lapso de tiempo razonable”.
"Esto no es que sea automático. Esto es un proceso que va a beneficiar a cientos de familias, no vamos a tener la carga -aquellos que pagamos contribuciones- de los reos que tienen más de 65, 67 años, y que nos cuestan $100,000", aseveró Ríos.
Se refirió a estudios que señalan que el Gobierno invierte anualmente cerca de $37,000 por cada reo, pero el gasto podría escalar a $100,000 respecto a los confinados de mayor edad debido a los gastos médicos en los que hay que incurrir.
A juicio del senador del Partido Nuevo Progresista, el manejo de la población penal envejeciente, debido a su impacto fiscal, se tornaría en "un problema de grandes proporciones" para el Gobierno en los próximos cinco a 20 años.
El secretario del Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR), José Negrón Fernández, dijo previo a la aprobación de la medida durante una entrevista radial que, entre la población penal, hay confinados que llevan más de 40 años en el sistema, y algunos superan los 80 años de edad, y utilizan sillas de ruedas.
Al basarse en datos del 2012, Negrón Fernández indicó que hay 225 reos que ya han cumplido los 60 años, y dijo que cerca de la mitad cualificaría para el privilegio propuesto de libertad bajo palabra.
El titular del DCR recalcó que el proyecto no busca abrir las puertas de las cárceles indiscriminadamente a los confinados. Destacó que, si se convierte en ley, la agencia que dirige establecerá un reglamento que impondrá requisitos adicionales a los posibles beneficiarios.
“Vamos a ser bien rigurosos... al identificar a esos confinados que tienen más de 60 años, que además de eso, no tienen un riesgo de seguridad para la sociedad ni para él mismo... Tendremos que hacer una evaluación bien rigurosa con un grado de certeza razonable de que es una persona que está rehabilitada”, enfatizó el funcionario.
Durante las vistas públicas, además del DCR, apoyaron la iniciativa la Sociedad para la Asistencia Legal, la Junta de Libertad Bajo Palabra y la Oficina de la Administración de las Procuradurías.
Para convertirse en ley, esta propuesta debe ser aprobada por la Cámara de Representantes y recibir la firma del gobernador Alejandro García Padilla.
De otra parte, el Alto Cuerpo dio paso a una resolución para investigar el uso de horas extras en todas las corporaciones públicas con el fin de identificar medidas que permitirían reducir ese gasto, y otra medida para examinar las condiciones de vida de las mujeres bajo la custodia de la Administración de Corrección en la Escuela Industrial para Mujeres -mejor conocida como la cárcel de mujeres- en Vega Alta, y en el Programa de Tratamiento Residencial para Mujeres, en Miramar.

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